¿Independencia?
Copio y pego del boletin internacional del ministerio de la presidencia, todos los dias en su web favorita en noticias internacionales....
THE ECONOMIST (Reino Unido) 22-4-2005
Necesidad de claridad
Cómo responder a las perennes demandas separatistas en España Se trata de un problema que no acabará. Desde que España adoptó en 1978 su actual Constitución, sus díscolas regiones, especialmente el País Vasco y Cataluña, han estado en campaña para solicitar mayor autonomía a Madrid. Sin embargo, resultó que los votantes en las elecciones vascas del fin de semana desairaron a su jefe del Ejecutivo nacionalista, que esperaba mayor respaldo del que obtuvo para poder celebrar un referendo sobre el derecho a formar un Estado libre asociado con España. No obstante, aun estando muerto el plan Ibarretxe en su actual forma, es seguro que persistirán las demandas para que haya mayor grado de autonomía y, algún día, incluso para la independencia. Por lo tanto, le incumbe al Gobierno de Madrid elaborar cuidadosamente una respuesta. Los sucesivos Gobiernos españoles han estado dispuestos a conceder abundante autonomía, pero se han negado inflexiblemente a contemplar toda posibilidad de secesión. Fue el Gobierno anterior del Partido Popular, dirigido por José María Aznar, quien estableció el tono, negándose incluso a reunirse con Ibarretxe, arguyendo que cualquier negociación, hasta con los nacionalistas vascos moderados, no sólo amenazaría la integridad territorial española, sino que también supondría una concesión los terroristas vascos de ETA, cuya ala política fue prohibida. El sucesor socialista de Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido más flexible. Después de las elecciones vascas hay insinuaciones alentadoras de que ahora vaya a negociar un acuerdo con Ibarretxe que pueda conducir a que se someta a votación un plan revisado que incluya más autonomía, pero que no llegue a la plena independencia. Parte del acuerdo tendría que ser un alto el fuego por parte de ETA, que ahora está extrañamente representada en el Parlamente vasco por los comunistas locales. Ahora bien, la posición formal en Madrid sigue siendo que cualquier votación para conseguir la independencia, de cualquier región, es inconstitucional y, por tanto, no se puede permitir.
Nadie debe abogar para que se hagan concesiones a los violentos. Aun así, es miope no escuchar la demandas pacíficas de independencia. Y lo que es peor: sería contraproducente. Parece ser que la intransigencia de Aznar sirvió en gran medida para impulsar el voto nacionalista en el País Vasco. Puede que, en su lugar, la flexibilidad de Zapatero lo haya debilitado. Ahora la mejor política que podría desarrollar Zapatero es la de ir un paso más allá y aceptar que, si una mayoría del pueblo de cualquier región decide que desea la independencia, el Gobierno de Madrid debe estar dispuesto a negociar. Ese es el rumbo adoptado venturosamente en Canadá en cuanto a Québec. En lugar de afirmar que toda demanda de independencia de Québec es ilegal, el Gobierno federal decidió, siguiendo lo dictado por el Tribunal Supremo, aprobar la llamada Ley de Claridad en 2000. Dicha ley establece las condiciones que Québec (o cualquier otra provincia) tendría que cumplir si desea la secesión: tendría que celebrar un referéndum con una pregunta breve y clara para luego negociar los términos de su despedida con el Gobierno de Ottawa. El beneficio de la Ley de Claridad no estriba sólo en que establece un procedimiento para la secesión si la mayoría de una de las regiones así lo desea; parece ser que, asimismo, por lo menos hasta ahora, ha desactivado las propias demandas de secesión. Los países no siempre se mantendrán unidos, sobre todo cuando ha habido guerras: por ejemplo, es probable que en unos años Kosovo y Montenegro se separen de Serbia. Sin embargo, la experiencia ha demostrado a menudo que, cuando la idea de secesión es reprimida, sólo aumentan las presiones para conseguirla, mientras que si se permite claramente la secesión, muchos secesionistas en potencia dejan de presionar con firmeza para conseguirla.
THE ECONOMIST (Reino Unido) 22-4-2005
Necesidad de claridad
Cómo responder a las perennes demandas separatistas en España Se trata de un problema que no acabará. Desde que España adoptó en 1978 su actual Constitución, sus díscolas regiones, especialmente el País Vasco y Cataluña, han estado en campaña para solicitar mayor autonomía a Madrid. Sin embargo, resultó que los votantes en las elecciones vascas del fin de semana desairaron a su jefe del Ejecutivo nacionalista, que esperaba mayor respaldo del que obtuvo para poder celebrar un referendo sobre el derecho a formar un Estado libre asociado con España. No obstante, aun estando muerto el plan Ibarretxe en su actual forma, es seguro que persistirán las demandas para que haya mayor grado de autonomía y, algún día, incluso para la independencia. Por lo tanto, le incumbe al Gobierno de Madrid elaborar cuidadosamente una respuesta. Los sucesivos Gobiernos españoles han estado dispuestos a conceder abundante autonomía, pero se han negado inflexiblemente a contemplar toda posibilidad de secesión. Fue el Gobierno anterior del Partido Popular, dirigido por José María Aznar, quien estableció el tono, negándose incluso a reunirse con Ibarretxe, arguyendo que cualquier negociación, hasta con los nacionalistas vascos moderados, no sólo amenazaría la integridad territorial española, sino que también supondría una concesión los terroristas vascos de ETA, cuya ala política fue prohibida. El sucesor socialista de Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido más flexible. Después de las elecciones vascas hay insinuaciones alentadoras de que ahora vaya a negociar un acuerdo con Ibarretxe que pueda conducir a que se someta a votación un plan revisado que incluya más autonomía, pero que no llegue a la plena independencia. Parte del acuerdo tendría que ser un alto el fuego por parte de ETA, que ahora está extrañamente representada en el Parlamente vasco por los comunistas locales. Ahora bien, la posición formal en Madrid sigue siendo que cualquier votación para conseguir la independencia, de cualquier región, es inconstitucional y, por tanto, no se puede permitir.
Nadie debe abogar para que se hagan concesiones a los violentos. Aun así, es miope no escuchar la demandas pacíficas de independencia. Y lo que es peor: sería contraproducente. Parece ser que la intransigencia de Aznar sirvió en gran medida para impulsar el voto nacionalista en el País Vasco. Puede que, en su lugar, la flexibilidad de Zapatero lo haya debilitado. Ahora la mejor política que podría desarrollar Zapatero es la de ir un paso más allá y aceptar que, si una mayoría del pueblo de cualquier región decide que desea la independencia, el Gobierno de Madrid debe estar dispuesto a negociar. Ese es el rumbo adoptado venturosamente en Canadá en cuanto a Québec. En lugar de afirmar que toda demanda de independencia de Québec es ilegal, el Gobierno federal decidió, siguiendo lo dictado por el Tribunal Supremo, aprobar la llamada Ley de Claridad en 2000. Dicha ley establece las condiciones que Québec (o cualquier otra provincia) tendría que cumplir si desea la secesión: tendría que celebrar un referéndum con una pregunta breve y clara para luego negociar los términos de su despedida con el Gobierno de Ottawa. El beneficio de la Ley de Claridad no estriba sólo en que establece un procedimiento para la secesión si la mayoría de una de las regiones así lo desea; parece ser que, asimismo, por lo menos hasta ahora, ha desactivado las propias demandas de secesión. Los países no siempre se mantendrán unidos, sobre todo cuando ha habido guerras: por ejemplo, es probable que en unos años Kosovo y Montenegro se separen de Serbia. Sin embargo, la experiencia ha demostrado a menudo que, cuando la idea de secesión es reprimida, sólo aumentan las presiones para conseguirla, mientras que si se permite claramente la secesión, muchos secesionistas en potencia dejan de presionar con firmeza para conseguirla.
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